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Las entidades del sector de la discapacidad intelectual reclaman a las comunidades autónomas que garanticen la financiación de los servicios de apoyo a las personas con discapacidad

Notas de prensa | 30 Marzo 2020

Valor:

Persona en un servicio de AEFT

Fotografía de Adrián Martínez para la exposición "Decidir por derecho" de AEFT

- De momento, sólo 5 comunidades (Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana) se han comprometido por escrito a cubrir el coste íntegro de las plazas. Andalucía asegura que financiará el 80%.

Plena inclusión, organización que representa a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias en España, y AEDIS,  patronal de entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios de atención a personas con discapacidad, instan a los gobiernos autonómicos a que se comprometan a financiar el 100% de las plazas de Servicios Sociales que tienen concertadas con las entidades del sector de la discapacidad en esta situación excepcional marcada por la crisis sanitaria del COVID-19 y el estado de alarma. Esta petición se enmarca en las reivindicaciones del resto de organizaciones encuadradas en el sector de la discapacidad que pertenecen a CERMI, así como desde la Plataforma de Acción Social (POAS) y la Plataforma del Tercer Sector (PTS).

El Real Decreto-Ley 9/2020 de 27 de marzo reconoce los servicios que se prestan a las personas con discapacidad como esenciales, determinando la obligación de seguir prestándolos. Antes de la entrada en vigor de esta norma, y pese a que las CCAA ordenaron el cierre de algunos centros, las entidades de Plena inclusión han seguido prestando los servicios de apoyo a las personas con discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista o parálisis cerebral y a sus familias mediante atención telefónica o virtual y, en los casos más graves, de forma presencial en el hogar.

El movimiento familiar de Plena inclusión y sus profesionales, tras el decreto del estado de alarma, han incrementado sus esfuerzos para seguir atendiendo a las personas que utilizan diariamente sus servicios, reforzando los medios técnicos y humanos para, como establece el RD 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, incrementar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los cuidados, el apoyo y la vinculación al entorno de las personas con discapacidad, entre otros colectivos vulnerables.

De momento, el Gobierno central ha autorizado la aplicación del fondo de contingencia y la concesión de un suplemento de crédito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2023 de 300.000.000 de euros para su transferencia a las comunidades autónomas.
Desde Plena inclusión y AEDIS se reclama a las administraciones públicas el reconocimiento efectivo de estos servicios a distancia y presenciales de apoyo a domicilio que se desarrollan como alternativa de emergencia a las actividades regulares de los centros de día, ocupacionales y de atención temprana. También se pide que ayude con el suministro de EPIs, tan necesarios en este momento.

Hasta la fecha, ya hay comunidades autónomas que han mostrado por escrito su compromiso con el sector, garantizando el pago íntegro del precio de las plazas. Es el caso de Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana. En lo que respecta a Andalucía asumirán el 80% del coste. Agradecemos a estos gobiernos su voluntad política en estos momentos tan duros para todos y reclamamos al resto de las comunidades que se sumen y garanticen, con total seguridad jurídica, la total financiación de las entidades que prestan servicios a través de cualquier instrumento jurídico que utilicen mientras dure esta situación de excepcionalidad.