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Un juzgado reconoce a una alumna con discapacidad intelectual su derecho a acceder a la FP pese a tener más de 18 años

Noticia | 27 Agosto 2019

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Foto del Diario de Ferrol de Sofía y su padre
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Sofía podrá estudiar Formación Profesional Básica pese a tener 20 años.
Un Juzgado de A Coruña le ha dado la razón.
Antes, no le permitían hacerlo por tener más de 18 años.

Su familia, apoyada por Plena inclusión, reclamó a la Justicia.
Sofía es una joven con discapacidad intelectual
que terminó la ESO con más de 18 años por la adaptación curricular.

Ahora, más estudiantes con discapacidad intelectual
podrán reclamar el acceso a la Formación Profesional Básica
aunque tengan más de 18 años.

El magistrado del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de A Coruña, en una sentencia publicada el pasado mes de junio, obliga a la Comisión de Escolarización y al IES Ricardo Caballero Calero, de El Ferrol, a admitir a Sofía Barbadillo en un módulo de peluquería de Formación Profesional Básica (FP), pese a tener más de 18 años. La familia de Sofía, una joven con discapacidad intelectual, que ha contado en todo momento con el apoyo los servicios jurídicos de Plena inclusión, reclamó ante la Justicia un acceso igualitario para cursar estos estudios pese a que la normativa educativa no lo permite.

Sofía, que ahora tiene 20 años, no pudo el curso pasado realizar un módulo en este instituto público, tal y como ella deseaba, porque la adaptación curricular que se hace en sus estudios de primaria y secundaria le impidieron llegar con la edad requerida (menos de 18 años). “Resulta contradictorio que exista una serie de plazas reservadas para estudiantes con discapacidad a las que en la inmensa mayoría de los casos no pueden acceder porque superan la edad máxima”, denuncia Plena inclusión España.

NO ES UN CASO AISLADO

Desde esta confederación que cuenta con una amplia representación en todo el país se ha apoyado a la familia de Sofía en su litigio, facilitando una abogada y una procuradora que pudieran defender su caso y llevarlo a la instancia correspondiente. Tanto su familia como los servicios jurídicos del movimiento asociativo que agrupa a 925 asociaciones con discapacidad intelectual en toda España fueron partidarios de seguir adelante con la causa. Y lo hicieron para allanar los obstáculos normativos con los que se chocó Sofía que afectan a otros muchos jóvenes con discapacidad intelectual o del desarrollo que quieren estudiar módulos de Formación Profesional. Desde Plena inclusión se valora la trascendencia que puede tener la citada sentencia ya que puede facilitar, a partir de ahora, el reconocimiento del igual derecho de acceso a la FP para otros alumnos y alumnas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

“Hicimos la reclamación correspondiente, mientras la dirección del centro remitió a la Comisión de Escolarización esas plazas vacantes –ha relatado Fernando Barbadillo, padre de Sofía y profesor al Diario de Ferrol que publicó el pasado día 24 de agosto esta noticia–, así que tuvimos que reclamar a la Jefatura Territorial, en A Coruña”. Como al final esta instancia no respondió ante la demanda no quedó más salida que ir a juicio.

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