Lo que dice el Comité: España no debe usar dinero público para construir instituciones

Naciones Unidas ha publicado un informe
sobre la situación en España
de los derechos de las personas con discapacidad.

Plena inclusión lo ha adaptado a lectura fácil
para que sea más fácil de entender.

El informe dice que España
no debe usar el dinero público
para construir instituciones.

La institucionalización es
cuando una persona con discapacidad
vive en un gran edificio toda su vida.
En ese sitio, vive separada
de otras personas sin discapacidad.

España debe crear un plan
para acabar con las grandes instituciones.

El plan debe tener medidas y dinero
para que todas las personas con discapacidad
vivan en la comunidad y con apoyos.

También, hay que acabar con la institucionalización
de las niñas y los niños con discapacidad.

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Informe completo en lectura fácil.
Resumen de los 10 puntos que preocupan.
 

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La situación de institucionalización de las personas con discapacidad es uno de los temas al que más espacio dedica el último informe del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El informe, que examina la realidad española en 14 páginas, contiene la palabra “institución” (o palabras similares) unas 18 veces.

Según esta guía de People first Canada, “una institución es cualquier lugar en el que las personas que han sido calificadas como personas con discapacidad intelectual son aisladas, segregadas o congregadas. Es un lugar donde las personas no tienen o no se les permite control alguno sobre su vida y sus decisiones cotidianas. Una institución no viene definida por su tamaño solamente”.

España no debe usar dinero público en construir instituciones
Entre esas 18 menciones, destaca el apartado sobre el artículo 19 de la Convención, sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad.

Señala la preocupación por que “se siga invirtiendo fondos públicos en la construcción de nuevas instituciones residenciales para las personas con discapacidad” y recomienda claramente que se “suprima el uso de fondos públicos para la construcción de instituciones”.

 

cita subrayada sobre el uso de fondos

 

Desinstitucionalización de niñas y niños
Además, el Comité transmite su preocupación por que “los niños y niñas con discapacidad sean sometidos a la institucionalización” en el apartado dedicado al artículo 7 de la Convención.

A su parecer, el Estado debe esforzarse más para “asegurar la plena desinstitucionalización de todos los niños y niña con discapacidad”. Le recomienda “promover entornos familiares seguros y con apoyos en la comunidad, con plazos determinados y asignación presupuestaria adecuada”.

La importancia del informe
En una serie de artículos, Plena inclusión pretende difundir poco a poco las preocupaciones y las recomendaciones que vieron la luz en abril de 2019.

En su informe sobre la situación en España, el Comité repasa artículo por artículo lo que le preocupa y qué recomendaciones realiza al Estado español. En noticias anteriores, hablamos de esterilizaciones forzadas, educación inclusiva y trastorno mental.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un grupo de personas expertas de la Organización de Naciones Unidas que vela por el cumplimiento en cada país de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

España ratificó en 2008 esta Convención y, al tratarse de un tratado internacional, está obligada a cumplirla y considerarla en su legislación como de mayor rango que las leyes estatales y autonómicas.

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