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Lo que dice el Comité: España debe prohibir las esterilizaciones forzadas

Noticia | 21 Junio 2019

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Lectura fácil

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En España, las mujeres y las niñas con discapacidad
sufren esterilizaciones y abortos forzados.
Es decir: les operan sin su permiso
para que no puedan ser madres.

España debe prohibir
las esterilizaciones y los abortos forzados.

Esto es lo que dice el último informe de Naciones Unidas
sobre la situación en España
de los derechos de las personas con discapacidad.

Plena inclusión lo ha adaptado a lectura fácil
para que sea más fácil de entender.

Descarga:
- Informe completo en lectura fácil.
- Resumen de los 10 puntos que preocupan.

En abril de 2019, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad publicó un demoledor informe sobre la situación en España. En una serie de artículos, Plena inclusión pretende difundir poco a poco las preocupaciones y las recomendaciones.

En su informe sobre la situación en España, el Comité destaca la importancia de todas las aportaciones, pero especialmente las relacionadas con el artículo 17, que habla de las esterilizaciones forzadas, y el artículo 24 sobre la educación inclusiva por considerarlas como urgentes. Empezamos por el 17.

Lo que preocupa al Comité

El artículo 17 de la Convención trata sobre la protección de la integridad personal. En el informe, el Comité muestra su “profunda preocupación” por el hecho de que las mujeres y niñas con discapacidad “sigan sometidas a esterilizaciones y abortos forzosos”.

También le preocupa que se practiquen tratamientos médicos “sin el consentimiento libre y con conocimiento” de las personas con discapacidad.

Lo que recomienda el Comité

El Comité recomienda a España, como ya hizo anteriormente, derogar el artículo 156 de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, para así eliminar completamente la administración de esterilizaciones, tratamientos médicos e investigaciones a todas las personas con discapacidad sin el consentimiento libre y con conocimiento de la propia persona.

La importancia del informe

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un grupo de personas expertas de la Organización de Naciones Unidas que vela por el cumplimiento en cada país de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

España ratificó en 2008 esta Convención y, al tratarse de un tratado internacional, está obligada a cumplirla y considerarla en su legislación como de mayor rango que las leyes estatales y autonómicas.

 

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