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Día internacional de erradicación de la pobreza: Plena inclusión denuncia la situación de inequidad que aboca a personas con discapacidad intelectual y sus familias a la exclusión social

Noticia | 17 Octubre 2019

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Hoy celebramos el Día Internacional de Erradicación de la Pobreza. En este día, Plena inclusión querermos recordar la situación de inequidad que sufren miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, que les aboca en muchos casos a situaciones de pobreza y exclusión social.

Según el informe FOESSA, un 30% de las personas con discapacidad se encuentran en situación de exclusión social y un 16% en exclusión social severa, el doble que las personas sin discapacidad. Según este informe, estos porcentajes no solo “se explican por la presencia de una discapacidad, sino por los obstáculos que estas personas padecen en el acceso al empleo de calidad, la integración en el uso de la vivienda, los recursos sanitarios o las relaciones sociales”.

El artículo 39 de la Constitución Española que los poderes públicos deben “garantizar la protección social, económica y jurídica de la familia” y el artículo 41 establece que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad [...]”

No obstante, los hogares con miembros con discapacidad tienen muchas mayores dificultades en el acceso a los recursos básicos para el desarrollo de su vida económica y social son mucho mayores que las de los hogares sin miembros con discapacidad. De la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia (EDAD 2008) se desprende que las discapacidades se concentran en los hogares pobres. La renta media de los hogares de las personas con discapacidad era un 25% inferior a la media de los hogares sin discapacidad.

Esto tiene que ver, por ejemplo, con que el trabajo por cuenta propia o ajena es la principal fuente de ingresos en el 79% los hogares españoles, pero des­ciende hasta el 49,5% en los hogares en donde hay una persona con discapa­cidad y al 40% en aquellos donde hay dos, ya que muchas veces uno de los padres, sobre todo las mujeres, dejan de trabajar para atender a su hijo o hija. La discapacidad es, por tanto, un factor que agrava la exclusión laboral, y en consecuencia la exclusión social.

Con respecto a las propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, su tasa de actividad es 46 puntos más baja que la de la población general (78% frente al 32%) y con relación al empleo, la tasa de empleo de las personas con discapacidad es del 43% más baja que la de las personas sin discapacidad (62,8%, frente al 20%)[1].

El actual sistema de prestaciones no compensa además esta situación de inequidad. En su estudio “¿El sistema de protección social protege económicamente a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo? Análisis y propuestas de mejora”, Plena inclusión ha analizado en qué medida el sistema de protección social compensa los costes económicos añadidos que tienen las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Un sobreesfuerzo anual que nuestra organización ha estimado en 24.237€ anuales (y en el caso de personas con discapacidad con necesidades extensas de apoyo, en 47.129€).

La cobertura económica de estas prestaciones es muy limitada, si la comparamos con el sobrecoste que la atención de la situación de discapacidad supone para las personas y sus familias. De hecho, muchas de estas ayudas solo se pueden acumular hasta un límite de ingresos, que por lo general se sitúa en una media de 476€ para una persona. Además, estas prestaciones están dispersas y el acceso a las mismas en algunos casos resulta complejo. En consecuencia, muchas personas no se benefician de las mismas por desconocimiento de su existencia o por barreras administrativas en su tramitación.
Los niveles de apoyo económico, en aquellas prestaciones que dependen de las comunidades autónomas, son muy heterogéneos: dependiendo de la comunidad autónoma en la que se viva, los apoyos económicos a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias pueden ser muy desiguales.
Del conjunto de las 99 prestaciones estudiadas, prácticamente ninguna está pensada para la discapacidad intelectual. Por ejemplo, aquellas que se centran en la accesibilidad, no tienen en cuenta la accesibilidad cognitiva.

Todos estos datos, nos llevan a concluir que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias afrontan situaciones de merma de ingresos unido a sobrecostes derivados de la presencia de la discapacidad. No obstante, no reciben los apoyos necesarios por parte de las Administraciones Públicas, a pesar de su derecho a la protección social, especialmente en situaciones de necesidad y dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que viva la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia las diferencias entre las coberturas de las prestaciones son muy diferentes.

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