Patrimonio protegido

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Es una figura jurídica que permite crear un conjunto de bienes, dinero y derechos del que se beneficiaria la persona con una discapacidad intelectual mayor del 33%, con independencia de que haya sido o no modificada su capacidad jurídica, con el fin de satisfacer sus necesidades vitales.

Está recogida en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y favorece la aportación a este patrimonio mediante beneficios fiscales.

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