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Lo que dice el Comité: España debe prohibir la sustitución en la toma de decisiones

Noticia | 03 Septiembre 2019

Valor:

Discapacidad en España. Lo que dice Naciones Unidas. Hay que prohibir la sustitución en la toma de decisiones. Una persona sin discapacidad no puede tomar decisiones por una persona con discapacidad.
Lectura fácil

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Naciones Unidas dice que España
debe prohibir la sustitución en la toma de decisiones.
Naciones Unidas es una organización
que representa a muchos países del mundo.

La sustitución en la adopción de decisiones
es cuando otra sin discapacidad persona
decide por una persona con discapacidad.

Naciones Unidas dice que España debe reconocer
la capacidad jurídica de todas las personas.
También debe incluir apoyos
para que las personas con discapacidad
tomen decisiones por su cuenta y de forma digna.

Naciones Unidas ha dicho esto en un informe
sobre la situación en España
de los derechos de las personas con discapacidad.

Plena inclusión lo ha adaptado a lectura fácil
para que sea más fácil de entender.

Descarga:
- Informe completo en lectura fácil.
- Resumen de los 10 puntos que preocupan

España debe abolir la sustitución en la adopción de decisiones. Esto le dice la Organización de Naciones Unidas al Estado en su último informe sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad en España.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, autor del documento, muestra su preocupación por que el Código Civil “contemple la privación de la capacidad jurídica de la persona por motivo de discapacidad, y que mantenga la sustitución en la adopción de decisiones”.

Igual reconocimiento como persona ante la ley (artículo 12) 22. Le inquieta al Comité que el Código Civil del Estado parte contemple la privación de la capacidad jurídica de la persona por motivo de discapacidad, y que mantenga la sustitución en la adopción de decisiones.  23. Recordando su observación general núm. 1 (2014) (Artículo 12: Igual reconocimiento como persona ante la ley), el Comité recomienda que el Estado parte derogue todas las disposiciones jurídicas discriminatorias, al objeto de abolir completamente los regímenes de sustitución en la adopción de decisiones, reconozca la plena capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, e implante mecanismos para la adopción de decisiones con apoyos que respeten la dignidad, la autonomía, el deseo y las preferencias de las personas con discapacidad.

Y hace una recomendación, señalando el artículo 12 de la Convención de las personas con discapacidad, que trata sobre el igual reconocimiento como persona ante la ley. Le insta a que “derogue todas las disposiciones jurídicas discriminatorias, al objeto de abolir completamente los regímenes de sustitución en la adopción de decisiones”.

Además, el Estado debe reconocer “la plena capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad” e implantar mecanismos para que tomen decisiones con apoyos “que respeten la dignidad, la autonomía, el deseo y las preferencias de las personas con discapacidad”.

Toma de decisiones con apoyo en la justicia
La recomendación también tiene relación con el artículo 13 de la Convención, el de acceso a la justicia. En el informe, el Comité muestra su preocupación por “las barreras que impiden que las personas sometidas a regímenes de sustitución en la adopción de decisiones participen en los procedimientos judiciales en igualdad de condiciones con las demás personas”.

Habla incluso de “la falta de credibilidad que se otorga a los testimonios de las personas con discapacidad psicosocial o discapacidad intelectual”.

La importancia del informe
En una serie de artículos, Plena inclusión está difundiendo poco a poco las preocupaciones y las recomendaciones que vieron la luz en abril de 2019. En su informe sobre la situación en España, el Comité repasa artículo por artículo lo que le preocupa y qué recomendaciones realiza al Estado español. En noticias anteriores, hablamos de esterilizaciones forzadas, educación inclusiva, trastorno mental e instituciones.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un grupo de personas expertas de la Organización de Naciones Unidas que vela por el cumplimiento en cada país de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

España ratificó en 2008 esta Convención y, al tratarse de un tratado internacional, está obligada a cumplirla y considerarla en su legislación como de mayor rango que las leyes estatales y autonómicas.

Lo que dice el Comité

  1. España debe prohibir las esterilizaciones forzadas
  2. España debe reconocer la educación inclusiva como un derecho
  3. España debe considerar el trastorno mental como discapacidad
  4. España no debe usar dinero público para construir instituciones

 

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