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31 Octubre 2017

El PSOE reclama reformar la LOREG para garantizar el derecho a voto de todas las personas con discapacidad

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Nemesio de Lara con Jesús Martín Blanco

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El grupo socialista en el Senado
va a pedir al Gobierno que cambie la Ley Electoral
para que todas las personas puedan votar
aunque tengan discapacidad.

Es un problema que afecta a miles de personas
que ahora no pueden votar por estar incapacitadas legalmente.

También hablaron de dedicar una parte del presupuesto del Estado
a la accesibilidad, especialmente a la accesibilidad cognitiva.

El Grupo Parlamentario Socialista registrará una moción en el Senado en la que se instará al Gobierno a que modifique la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para garantizar el derecho a voto de cualquier persona, con independencia de si tiene o no discapacidad.

Así lo anunció el portavoz del PSOE en Servicios Sociales y Políticas Integrales para la Discapacidad, Nemesio de Lara, tras reunirse en la Cámara Alta con el delegado del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para los Derechos Humanos y la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco.

"Es un problema que afecta a miles de personas y en la actualidad el sufragio en este colectivo está muy limitado", explicó De Lara, quien hizo hincapié en que "es necesario extender este derecho y facilitar que cualquier persona con discapacidad pueda depositar su voto en una urna".

Acerca de este encuentro, el senador socialista detalló que "ha sido una reunión muy productiva en la que hemos abordado diferentes asuntos que afectan a los derechos de las personas con discapacidad y las iniciativas que el Grupo Socialista ha presentado y presentará tanto en el Senado como en el Congreso".

En este sentido, repasó algunos puntos como, por ejemplo, el servicio del teléfono 112 y su adaptación a las personas con discapacidad o la Ley de Jurisdicción Social, que debe asignar al orden jurisdiccional la evaluación y calificación del grado de discapacidad y que, según él, "está siendo incumplida por el Gobierno actual desde el año 2014".

Sobre el plazo legal que se dio España para que todos los bienes, servicios e infraestructuras de interés público sean plenamente accesibles y que vence el 4 de diciembre de este año, De Lara y Martín Blanco defendieron la necesidad de crear el 1% como fondo presupuestario para hacer cumplir el principio de accesibilidad universal.

También hablaron de los problemas derivados de la falta de financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, de la necesidad de lograr una integración educativa plena, incorporando plenamente a las personas con discapacidad, y de reforzar la accesibilidad cognitiva para aquellas personas con dificultades en materia de comprensión lectora.

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