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11 Diciembre 2015

Posicionamiento sobre las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo

Posicionamiento

Valor:

Las actitudes negativas de la población suponen un problema para la verdadera inclusión y bienestar social de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. Por ello, Plena Inclusión plantea líneas de acción para una adecuada concienciación y sensibilización de la sociedad en distintos ámbitos de la vida de estas personas.

En el ámbito de la mujer con discapacidad intelectual o del desarrollo, fruto de la especial vulnerabilidad y las múltiples formas de discriminación de este colectivo, se hace especialmente importante adoptar medidas para que pueda disfrutar de todos sus derechos y libertades.

Medidas de prevención contra la violencia de mujeres con discapacidad:

  • Exigimos la realización de investigaciones sobre la violencia específica ejercida sobre las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo, en ámbitos institucionales y domésticos que permita conocer sus causas y efectos.
  • Se deben establecer programas de educación sexual dirigidos a mujeres con discapacidad intelectual que reduzcan el riesgo de ser víctimas de agresiones sexuales.
  • Se deben generalizar buenas prácticas relacionadas con la formación a mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo en el ámbito de la violencia de género.

Formación de los profesionales implicados:

  • Es necesario incorporar la discapacidad en la formación de los profesionales que intervienen en la prevención y atención de situaciones de violencia contra mujeres, especialmente de aquellas que tienen alguna discapacidad intelectual o del desarrollo.

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Este posicionamiento forma parte del "Documento Marco de Incidencia Política y Social de Plena inclusión". Este documento propone una serie de medidas de incidencia política y social con el fin de promover el cumplimiento por parte del Estado Español de la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad.

Nuestro Gobierno, como firmante de esta Convención (en vigor desde el 3 de mayo de 2008) está obligado a adaptar la legislación española a esta norma, y colaborar activamente con las personas con discapacidad a través de las organizaciones que les representan en la elaboración y aplicación de políticas que hagan efectiva la Convención.

Este documento fue aprobado por la Junta Directiva de Plena inclusión España el 11 de diciembre de 2015.