Acción reivindicativa: carta al Presidente del Gobierno

Una de las principales acciones del Año de las Familias de Plena inclusión 2018, es la reivindicación al Gobierno de una mejora de los ingresos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus familias.

¡Tú puedes ayudarnos firmando nuestra carta a Pedro Sánchez!

En los enlaces de abajo tienes diferentes formatos de carta para firmar si eres familiar/profesional o colaborador/a-simpatizante de Plena inclusión. Te pedimos que la imprimas, la rellenes con tus datos y la envíes firmada a tu federación de Plena inclusión o a:

Plena inclusión España. Avenida del General Perón, 32, 1º. 28020.Madrid.

¡Muchas gracias por tu colaboración!

Porque es una cuestión de derechos

El artículo 39 de la Constitución Española que los poderes públicos deben “garantizar la protección social, económica y jurídica de la familia” y el artículo 41 establece que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad [...]”

El artículo 28 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, […], y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad. Asimismo, los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad.

No obstante, los hogares con miembros con discapacidad tienen muchas mayores dificultades en el acceso a los recursos básicos para el desarrollo de su vida económica y social son mucho mayores que las de los hogares sin miembros con discapacidad.
 

Porque los datos reflejan una situación de inequidad

De la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia (EDAD 2008) se desprende que las discapacidades se concentran en los hogares pobres. La renta media de los hogares de las personas con discapacidad era un 25% inferior a la media de los hogares sin discapacidad.

Esto tiene que ver, por ejemplo, con que el trabajo por cuenta propia o ajena es la principal fuente de ingresos en el 79% los hogares españoles, pero des­ciende hasta el 49,5% en los hogares en donde hay una persona con discapa­cidad y al 40% en aquellos donde hay dos, ya que muchas veces uno de los padres, sobre todo las mujeres, dejan de trabajar para atender a su hijo o hija. La discapacidad es, por tanto, un factor que agrava la exclusión laboral, y en consecuencia la exclusión social.

Con respecto a las propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, su tasa de actividad es 46 puntos más baja que la de la población general (78% frente al 32%) y  con relación al empleo, la tasa de empleo de las personas con discapacidad es del 43% más baja que la de las personas sin discapacidad (62,8%, frente al 20%)[1]

Según el estudio de Plena inclusión sobre el sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual o del desarrollo ocasiona en la familia en España (2014), las familias en las que conviven personas con discapacidad, afrontan un sobrecoste anual de 24.237€ anuales. En el caso de personas con discapacidad con necesidades extensas de apoyo, asciende a 47.129€.

Las prestaciones que reciben las familias no tienen en cuenta estas circunstancias así que no inciden en compensar las desventajas, y muchas veces se dirigen sólo a paliar situaciones caracterizadas por una situación inicial de insuficiencia de ingresos, sin tener en cuenta estos sobrecostes a los que habrá que hacer frente.

Asimismo, los incentivos fiscales y las prestaciones son desiguales y marginales sin impacto real sobre la economía familiar. Por ejemplo, la prestación por hijo a cargo con una discapacidad intelectual entre el 33 y el 65% de discapacidad son 1.000€ anuales para familias con ingresos bajos frente a un sobrecoste medio de las familias de 24.237€ anuales, teniendo en cuenta además que el 95% de las personas con discapacidad intelectual presentan una discapacidad leve o moderada.

La pensión no contributiva por invalidez, que sólo se concede a personas con discapacidad con más del 65% de discapacidad, supone una ayuda como mínimo de 107,25 y máximo de 429,17€/mes; mientras cuando hablamos de rentas mínimas garantizadas o de inserción social el umbral mínimo suelen rondar los 430€/mes.

De igual forma, las políticas de rentas mínimas se hacen desde un tratamiento generalizado de la población, sin discriminar situaciones y en el caso de existir un tratamiento diferenciado es muy marginal y de escasa incidencia en la población, por ejemplo, para menores de 25 años con hijos de discapacidad a su cargo.

 

Porque necesitamos apoyos adecuados

Todos estos datos, nos llevan a concluir que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias afrontan situaciones de merma de ingresos unido a sobrecostes derivados de la presencia de la discapacidad. No obstante, no reciben los apoyos necesarios por parte de las Administraciones Públicas, a pesar de su derecho a la protección social, especialmente en situaciones de necesidad y dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que viva la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia las diferencias entre las coberturas de las prestaciones son muy diferentes.

Por todos estos motivos, desde Plena inclusión creemos que resulta inaplazable que cada persona y cada familia nos unamos para exigir de las Administraciones Públicas la adopción de medidas económicas que les aseguren un nivel de protección social que les permita acceder a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado y en igualdad de condiciones con los demás.


[1] Fuentes: Odismet e Instituto Nacional de Estadística